Y.., mientras tanto...
La defensa de Diego Torres y de su esposa, Ana María Tejeiro, defiende en su recurso contra la imputación de ambos en el caso Nóos que la Casa Real realizaba un "exquisito y escrupuloso seguimiento" de toda la actividad de Iñaki Urdangarin que considera una garantía de su legalidad.
La representación del exsocio de Urdangarin, que ha presentado hoy un recurso de reforma contra el auto dictado el pasado día 25 por el juez José Castro, subraya que todo en el Instituto Nóos era "validado, autorizado, auspiciado, consentido, conocido, consolidado y demás por los más altos y prestigiosos asesores del Estado".
Según el abogado Manuel González-Peeters, los hechos que relata el juez, por los que le atribuye ocho delitos distintos tanto a Torres como a su mujer, no son ciertos; de serlo no constituirían infracción penal, y si fueran delitos ni Torres ni Tejeiro tenían idea de cómo actuar en contra de la ley.
El letrado manifiesta "asombro" por "el empecinamiento" del juez en mantener a Ana María Tejeiro imputada en la causa, algo que considera "sangrante" en comparación con la infanta, y asegura que "a ella eso de la igualdad de todos ante la Ley no le es de aplicación".
En el escrito detalla 71 diferencias entre la conducta de las dos mujeres imputadas en esta causa, como que la esposa de Torres no era socia del Instituto Nóos ni parte de su junta directiva ni figura en ningún folleto de la entidad y la hermana del Rey sí. Añade que "Ana María Tejeiro no pinta nada, nunca fue nada".
"No fue Ana María Tejeiro quien le pidió a su padre que hablase con su amigo Aga Khan para que asistiese o enviase a alguien al Valencia Summit", afirma el abogado entre otras cuestiones que en su opinión señalan a la infanta.
Y.., Además...
Soria tiene mucha prisa en indemnizar a Florentino Pérez y su 'máquina de terremotos' Castor
Para el Gobierno "no hay otra opción" que pagar. Pero el Supremo excluyó la indemnización en caso de negligencia grave. Hay en juego 1.400 millones. Un estudio internacional establece un nexo directo entre las inyecciones de gas y los seísmos de 2013.
Las empresas suelen pasarlas canutas a la hora de reclamar una indemnización a la administración pública. La Administración suele negarse a pagar, por lo que la práctica habitual es interponer un recurso contencioso-administrativo y acabar en el Tribunal Supremo por medio de un recurso de casación. En total deben esperar entre cuatro o cinco años hasta ver resuelto su caso.
Pero el Gobierno del PP no va a esperar a la vía judicial, a tenor de la posición avanzada por su ministro de Industria, José Manuel Soria: anuncia que "no hay otra opción" que indemnizar a la empresa concesionaria del proyecto de almacén de gas ‘Castor', frente a las costas de Castellón. Soria explicó que el actual Gobierno declaró que el Real Decreto que otorgó la concesión contenía un artículo lesivo para los intereses públicos y que el Tribunal Supremo rechazó sus argumentos.
El presidente de ACS, Florentino Pérez, mantiene estos días una actividad frenética para tramitar la renuncia a la concesión y garantizar un pago por parte del Estado de 1.400 millones de euros a la compañía concesionaria, Escal UGS, propiedad de su empresa en un 67%. Contacta en especial con los hermanos Nadal: Alberto, secretario de Estado de Energía, y Álvaro, jefe de la Oficina Económica del Gobierno, después de haberse movido ante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, entre otros.
Vamos a ver si podemos con todos estos.
Lctr.
PD.
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